Enlace Territorial – Blog: Los dilemas de la Transición Energética en territorios mineros

8 agosto, 2024 | BLOG

Por: Mariana Torres Gómez[1]

“Hoy en día, como principal productor de carbón en Colombia y con un notable potencial en energía solar, esta región emerge como epicentro de la transición energética en el país”.

 

El departamento del Cesar ha experimentado diversas dinámicas de dependencia económica a lo largo de su historia, desde el auge del algodón, la marihuana, la palma, hasta el carbón. Hoy en día, como principal productor de carbón en Colombia y con un notable potencial en energía solar, esta región emerge como epicentro de la transición energética en el país. Sin embargo, para las poblaciones locales que enfrentan desigualdades estructurales significativas, si la transición energética no se planifica y ejecuta cuidadosamente, podría tener resultados similares o peores a los observados con el cierre en 2020 de las minas de carbón Calenturitas y La Jagua ubicadas en los municipios de La Jagua de Ibirico y Becerril (Cesar). En ese caso, el cierre abrupto de las minas resultó en la pérdida masiva de empleos directos e indirectos, agravando múltiples problemas económicos y sociales.

Impacto del Cierre de Minas

 De acuerdo con estudios del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI), para lograr una transición social y económica equitativa después del cierre de una mina, es necesario planificar su clausura con al menos diez años de anticipación (Strambo et al., 2019).  En el caso de la renuncia de la empresa Prodeco a sus títulos mineros y el cierre de las minas de carbón Calenturitas y La Jagua, las consecuencias de un cierre imprevisto resultaron en emigración, tensión social y aumento de la pobreza.

Aunque todavía no existe una cifra oficial del impacto total de la salida de Prodeco, en el empleo formal, el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón) estima que aproximadamente 7,000 trabajadores se han visto afectados. Además, la falta de preparación en alternativas económicas y los problemas de reinserción laboral han llevado a muchos trabajadores a perder sus inversiones y ahorros. A esto se suma el impacto en la protección social y las pensiones de empleados, algunos con lesiones osteomusculares y problemas respiratorios derivados de años de trabajo en el sector minero (Grupo focal, Sociedad Civil, 2024).

La reducción de las ventas, consecuencia de la pérdida de ingresos, ha afectado a los establecimientos locales, impactando a muchas mujeres que se dedicaban a diversas labores, como el lavado de ropa, el alquiler de habitaciones, la venta de almuerzos y otras actividades relacionadas de manera directa o indirecta con las minas. (Entrevista, Sociedad Civil, 2024). El impacto social y económico del cierre de las minas ha puesto de presente las consecuencias de una transición acelerada, y muchos trabajadores comienzan a cuestionarse qué será de ellos si cierran las minas.

Dependencia Económica y Fiscal

 La minería, representa entre el 30% y el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) del departamento del Cesar. En términos fiscales, esta actividad constituye entre el 30% y el 35% de los ingresos (Furnaro & Yanguas-Parra, 2022), alcanzando en 2022 un aporte de 15.9 billones de pesos en impuestos, regalías y compensaciones (ACM, 2023). Sin embargo, las regalías se han destinado principalmente a infraestructura de transporte y otros fines que no atienden directamente las necesidades de las comunidades más vulnerables (Patzy y Lopez 2021). De hecho, hasta la fecha, ninguno de los municipios mineros del hoy llamado corredor de vida cuenta con acceso a agua potable.

A nivel nacional, aunque la contribución de la industria minera al PIB es solo del 0.66% (ACM, 2023), representa uno de cada 3 dólares de las exportaciones; 15% de la inversión extranjera directa; 160.000 empleos directos y cerca de 700.000 indirectos (Gaviria González, 2022). El carbón no solo es el segundo producto de exportación más importante del país después del petróleo, sino que también representa el 22% de todas las exportaciones colombianas y el 60% de las exportaciones mineras (ANM, 2023).

Percepción y Desafíos de la Transición Energética

A pesar de su importancia en la economía nacional, según la encuesta realizada a finales del año pasado por el Observatorio de Transformaciones Territoriales (OTT) del Centro Insuco para la Innovación Social (ICSI), en los municipios mineros de La Jagua de Ibirico, El Paso  y Becerril, en el departamento del César, 8 de cada 10 hogares considera favorable la transición del carbón hacia proyectos renovables. El 79% la considera favorable por el cuidado del medio ambiente, mientras que el 19% teme la pérdida de empleos (OTT, 2023).

Según las entrevistas realizadas en estos tres municipios, quienes conocen la transición energética temen que sea solo un eufemismo para repetir la historia. La desconfianza hacia una transición que, en lugar de aliviar, podría agravar el desequilibrio social y económico del territorio, es evidente. Entre historias de despojo y desarraigo, se repite la frase “somos territorios de sacrificio”. Incluso las personas más optimistas expresan su escepticismo: “¿Será que nos están engañando?” (Entrevista, Sociedad Civil, 2024). Pero ante todo, se enfatiza la urgencia de una transición económica.

Necesidades para una Transición Justa

El desafío de abordar el cambio climático y la transición energética en Colombia no solo se limita a los objetivos establecidos a nivel internacional. Es esencial que estas metas se integren con las necesidades y realidades específicas de los territorios. La conversación no puede enfocarse en el aspecto energético sin considerar el equilibrio económico local y regional, así como las necesidades de los habitantes que están en el centro de estas transformaciones. La transición energética es, ante todo, una transición económica y social. Por lo tanto, es necesario planear de manera rigurosa una transformación laboral, fiscal y productiva. Antes de acelerar la transición energética, se deben identificar los potenciales productivos del territorio y establecer prioridades de inversión para guiar una reconversión laboral basada en una diversificación productiva. Esto implica costos y requiere tiempo.

Desafíos y Recomendaciones

El exministro de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas estimó que el costo de la transición energética en Colombia oscilaría entre el 8 % y el 11 % del PIB, lo que representa más de 120 billones de pesos (Monsalvo Herrera, 2023). El presidente Gustavo Petro ha hablado de crear un pacto internacional y un fondo para compensar a los países hoy dependientes de la extracción de minerales fósiles. Sin embargo, hasta la fecha no se ha presentado la hoja de ruta de la transición energética y no es claro cómo este pacto se va a consolidar.

En el  reporte publicado por la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) sobre los esfuerzos de Colombia en política energética de los últimos años, la IEA recomienda desarrollar una transición energética centrada en las personas y los territorios (IEA, 2023). Por su parte, el plan nacional de desarrollo 2022-2026 habla de la Transición Energética Justa, basada en la justicia social y la soberanía con seguridad energética. Sin embargo, la desconexión entre el nivel local, nacional e internacional en torno a las necesidades y prioridades de la transición energética en Colombia es evidente.

 

Fuentes:

 

 

 

 

[1] Mariana Torres Gómez es Directora del Observatorio de Transformaciones Territoriales ALC.

 

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